La pueblada del 19-20 de diciembre de 2001 constituyó uno de esos momentos en los que gran parte de los sectores populares ocupan el espacio público, se ponen como sujetos y producen un corte en la historia, planteando los grandes objetivos que signarán de ahí en más el devenir histórico de la sociedad por todo un período. Es el momento carismático que caracteriza a todo cambio histórico profundo.
En ese momento los objetivos se expresan en forma utópica. Es el momento de la gran utopía que expresa lo máximo a lograr, sin matices, sin concesiones. Es el significado profundo del "¡que se vayan todos, que no quede ni uno solo!". Esa consigna conserva toda la validez que tuvo desde el primer momento. Quienes interpretan que fracasó completamente porque volvieron todos, o mejor, se quedaron todos, en realidad confunden el momento utópico con el de los proyectos.
La utopía abre el ámbito, desbroza el terreno en el que se pueden realizar los proyectos. Sin éstos, la utopía queda vacía. Ninguna utopía se puede realizar inmediatamente. No sería utopía. Más, nunca es plenamente realizable. Crea el ámbito de lo realizable, pero ella siempre se encuentra más allá, como el horizonte que, a medida que uno avanza, no deja de alejarse.
El "¡que se vayan todos!" es la utopía de una nueva sociedad de relaciones fraternales, horizontales, en la que todos sean reconocidos como sujetos y tengan la posibilidad de realizarse plenamente. Pero es esa utopía expresada en negativo, porque los "todos" que se tienen que ir son los que expresan el proyecto neoliberal privatizador, flexibilizador, que ha producido la devastación del país.
A esa utopía hay que darle contenido. Es el momento de los proyectos. Hay que poner en juego la reflexión, el estudio, las organizaciones, las creaciones, en una palabra los instrumentos mediante los cuales se vayan realizando los anhelos, deseos, objetivos, reclamos que incluye la utopía.
En la pueblada que levantó la citada utopía convergieron amplios sectores populares formados por profesionales, amas de casa, estudiantes, trabajadores ocupados y desocupados, militantes, vecinos, hombres y mujeres de los barrios y del centro. Entre ellos es necesario resaltar la amplia participación de sectores pertenecientes a la denominada "clase media" golpeada, humillada y engañada.
Es especialmente, aunque no exclusivamente, del seno de este sector, que nace una nueva manera de organizarse, la "asamblea". Es la creación más genuina de la pueblada del 19-20 diciembre de 2001, porque los piquetes ya existían. La asamblea nace en el momento de máximo fervor, entusiasmo y expectativas que tuvieron lugar en los primeros tramos de la pueblada.
Desde ese momento, el movimiento popular fue atravesado por un intenso y acalorado debate sobre el significado de la pueblada y, en consecuencia, sobre lo que era necesario hacer. Fue común la interpretación literal del ¡que se vayan todos!, confundiendo completamente el momento utópico con el del proyecto. Como los que debían irse no se fueron, esta interpretación sólo produjo desilusión y frustración.
Las organizaciones de la izquierda tradicional, en general, interpretaron el fenómeno de las asambleas como un nuevo espacio para captar militantes y bajar las consignas "justas" de las que ellos son sus legítimos creadores. Muchas veces la asamblea fue el espacio en la cual diversas organizaciones disputaban sus espacios de poder, contribuyendo, de esa manera, a su disolución..
Desde el sistema, expresado en los medios de comunicación y en las intervenciones de miembros del gobierno, se baja actualmente el mensaje de que las asambleas ya no existen, están muertas, lo cual no deja de ser una mentira dirigida a difundir el desaliento.
Es cierto que muchas asambleas desaparecieron, otras se dividieron, otras se encuentran reducidas a una pequeña expresión. Pero también es cierto que hay asambleas que no sólo no murieron, sino que se consolidaron y crecieron, sobre todo cualitativamente. Muchas tienen local en el que realizan talleres de música, de folklore, de tango, de teatro; seminarios de filosofía, economía, deuda externa, ALCA; emprendimientos productivos; ollas populares, merenderos. Se crean espacios de reflexión y discusión política en los que suelen confluir diversas asambleas.
Hay asambleas que cultivan una creativa y fraternal relación con los cartoneros y que resisten la inclinación de sectores de la clase media, fogoneados por la presa del sistema, a volver a ver a los "piqueteros" como los enemigos, causantes de la violencia. Hay lazos comunicantes entre asambleas y piqueteros que no han abandonado la lucha por una nueva sociedad.
Muchas asambleas aprovecharon el momento de entusiasmo, carismático, para reflexionar sobre los pasos a seguir y previeron que al entusiasmo primero le iba a seguir la rutinización, lo "normal" de la vida con sus contradicciones. Sólo organizándose y siendo creativos podían tener futuro.
Esas asambleas hoy están vivas, activas. Son gérmenes de transformación. En el volante de la "Asamblea de Corrientes y J. B. Justo" en que se invita a participar el 20 de diciembre junto a los familiares de los caídos en la pueblada del 2001, se plantean con claridad el momento utópico y el de los proyectos. En el centro del volante se encuentra la fecha 19-20 de diciembre. A la izquierda, la "utopía": "2001: Pueblada. El pueblo en la calle gritó ¡que se vayan todos, que no quede ni uno solo! de los que destruyeron el patrimonio nacional y trajeron la desocupación, el hambre y la miseria a la mayoría del pueblo argentino".
A la derecha los proyectos: "2003: Asambleas populares". Pensamos y hacemos el país de otra manera: Autonomía, democracia directa, economía solidaria, emprendimientos productivos, cultura popular, nuevas relaciones sociales, construcción de poder popular".
La asamblea es la forma de organizarse que encontraron los sectores populares urbanos, especialmente, aunque no únicamente, de la Capital Federal. El fenómeno tiene sus expresiones también en ciudades como La Plata, Rosario, Santa Fe, Córdoba. Es una creación genuina y novedosa del movimiento popular que nos pone en la obligación de aportar a la construcción de dicho movimiento desde esa perspectiva.
La asamblea es horizontal, pero no confunde la horizontalidad como utopía con su realización efectiva. Como horizonte, como exigencia, debe mantenerse. Expresa el deseo de construir un poder lo más horizontal posible, un poder popular que sea capaz de controlar todos los liderazgos que necesariamente surgen. En su seno se van cultivando las nuevas relaciones sociales, se va construyendo el poder popular.
Si queremos una nueva sociedad, con nuevas relaciones sociales, debemos comenzar hoy esa construcción. Si no lo hacemos en el camino, no lo haremos cuando lleguemos a la meta. En la asamblea vamos realizando esa nueva sociedad. Es el "socialismo de cada día". Si en el camino cultivamos relaciones alienadas, ésas misma relaciones serán cultivadas posteriormente.
Pero de ninguna manera pensamos que debemos quedarnos en ese espacio de "micropoder" que es la asamblea o la articulación de asambleas. Es necesaria la transformación de toda la sociedad. Se requiere la construcción y organización del movimiento popular que verdaderamente pueda ejercer el verdadero poder popular. Las asambleas constituyen un momento de esa construcción.
El camino es hacia la construcción y organización del movimiento popular que hoy existe, pero se encuentra disperso, fraccionado, sin encontrar todavía la manera de ser un verdadero poder que no sólo ponga límites al accionar del gobierno y, en general, a las corporaciones que detentan el poder de dominación, sino que se constituya en el poder de toda la sociedad, construyendo un verdadero estado popular.
Con sólo aplicar el artículo 30 de la actual Ley de Hidrocarburos, el Estado boliviano puede recuperar de inmediato más de 10 mil millones de dólares en reservas de gas y petróleo, que hoy ilegalmente están en manos de las transnacionales, asegura el periodista y ex diputado Andrés Soliz.
Las leyes que norman la explotación de recursos naturales en países periféricos son, en realidad, imposiciones de transnacionales, si estos no cuentan con gobiernos soberanos y dignos. Así ocurrió, hace 48 años, cuando el gobierno del MNR aprobó el Código del Petróleo o Código Davenport, cuyo nombre proviene del estudio jurídico norteamericano encargado de su redacción y que el "Ney York Times" lo calificara como "el más liberal del mundo".
Sin embargo, por más cuidado que tengan los juristas colonizadores, es frecuente que, por puro descuido y prepotencia, dejen abierta alguna rendija por donde los países periféricos continúan absorbiendo aires de independencia y libertad. Así ocurrió con el Código Davenport, que legisló todo sobre el petróleo, pero que en ninguna parte de su texto había legislado sobre el gas, que se convirtió, de manera progresiva, en la riqueza emergente más importante de Bolivia.
La consiguiente discusión, relativa a que si el gas recientemente descubierto era del Estado o de las compañías que explotaban el petróleo, generó prolongadas polémicas que rearmaron la conciencia nacional y coadyuvaron a la nacionalización de la Bolivian Gulf Oil Company, el 17-X-69, decretada por el patriótico gobierno encabezado por el Presidente Alfredo Ovando y el Ministro Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Con la vigente Ley de Hidrocarburos, No. 1689, de 30-IV-96, ocurrió algo parecido, ya que las compañías que elaboraron el anteproyecto cometieron el descuido de redactar el artículo 30, en los siguientes términos:
"Un participante con YPFB en un contrato de riesgo compartido que haya declarado un descubrimiento comercial, podrá seleccionar un área para su explotación que comprenda uno o más campos, con o sin solución de continuidad... El área de explotación seleccionada... tendrá una superficie máxima de diez parcelas. En cualquier caso, si en el plazo de cinco años... el interesado no hubiese efectuado la perforación de al menos un pozo productor o de inyección en cada una de las parcelas seleccionadas, ÉSTAS SERAN OBLIGATORIAMENTE DEVUELTAS".
El hecho concreto es que la tardanza en abrirse nuevos mercados de exportación para el gas boliviano hizo que la mayoría de las compañías incumpliera con la obligación anterior, razón por la cual deben devolver al Estado áreas inmensamente ricas en gas en campos tan importantes como San Alberto, San Antonio, Itaú y Margarita. A fin de burlar la ley, el gobierno de Jorge Quiroga emitió el DS 26366, de 4-X-01, por el que se establecen nuevas formas de delimitar las parcelas y precisar sus perfiles. Simples subterfugios para incumplir la Ley. Las compañías, a su vez, presionan al gobierno para eliminar el artículo 30 ("La Razón", 10-X-02), lo que, felizmente, no ha sucedido hasta el presente.
Las transnacionales sostienen, cuando se refieren a esta disposición legal, la necesidad de "perfeccionar" la Ley. Sin embargo, cuando se plantea la urgencia de incrementar las regalías o terminar con el abuso que significa la división entre campos existentes (o viejos), que tributan el 50 %, y nuevos que sólo pagan el 18 %, entonces se nos recuerda que el país ha comprometido la fe del Estado, lo que es algo sacrosanto e imperecedero, y que en caso de incumplimiento seríamos juzgados como criminales de guerra nazi.
Con sólo aplicar el artículo 30 al que hacemos referencia, nuestra empresa estatal contaría con más de 10.000 millones de dólares en reservas de gas y petróleo, lo que constituye un enorme capital de operaciones para cualquier empresa del mundo. Si a ello sumamos que YPFB debería recibir las acciones que no benefician a los bolivianos y que vía AFPs se hallan en las transnacionales Chaco, Andina y Transredes, el ente estatal estaría en total capacidad de intervenir con ventaja en todos los proyectos de industrialización y exportación de gas presentes y futuros.
* Andrés Soliz Rada es periodista y ex diputado nacional
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Bolivia: una vía para recuperar el gas y el petróleo
Un plan militar para ejecutar un golpe fascista, cuyo primer objetivo es descabezar el movimiento popular boliviano, al costo de unos 400 muertos, denunció hoy el líder izquierdista Evo Morales, quien auguró la derrota del proyecto.
El jefe del Movimiento al Socialismo (MAS) precisó en esos términos los alcances de la conspiración golpista que denunció como amenaza a la democracia y a la administración del Presidente Carlos Mesa. Apuntó que el plan no es nuevo y que fue gestado en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada -obligado a renunciar el pasado 17 de octubre por una gran protesta ciudadana-, por el entonces ministro de Defensa, Carlos Sánchez.
Según el dirigente izquierdista, los golpistas tienen una lista de unos 400 dirigentes populares a quienes se proponen liquidar, entre ellos el propio Morales, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Jaime Solares, y otros líderes sociales. Morales subrayó que el objetivo del plan golpista es descabezar al movimiento social para desarticularlo y privarlo de la fuerza demostrada en las protestas de octubre, reprimidas por los militares al costo de más de 80 muertos, según cifra no oficial. Indicó que el plan está a cargo de militares de alta graduación identificados con el fenecido régimen de Sánchez de Lozada, elementos corruptos y fascistas beneficiarios de grandes sobornos pagados por esa administración a los uniformados para asegurar su lealtad ante las manifestaciones populares de descontento.
El jefe del MAS aseguró también que los golpistas serán derrotados por las propias bases militares y no podrán establecer la dictadura que pretenden, pero intentarán antes, en los dos o tres días que podría durar su intentona, descabezar al movimiento popular. Dijo que en las Fuerzas Armadas hay una fuerte presencia de militares patriotas y demócratas, quienes lo pusieron al tanto de los planes golpistas de oficiales fascistas de alta graduación, con supremacía en los niveles de generales y coroneles.
Señaló que los uniformados patriotas son amplia mayoría en los niveles de suboficiales y sargentos, y que en la oficialidad joven priman también esas posiciones o cuestionamientos a la corrupción en los cuarteles.
La denuncia de Morales fue precedida el fin de semana último por declaraciones del jefe de las Fuerzas Armadas, almirante Luis Aranda, quien descartó totalmente un golpe militar, luego de que el presidente del Senado pronosticó un cuartelazo y una dictadura represiva si continúan la radicalización social y las presiones a la administración Mesa. El peligro golpista fue desestimado por la mayoría de los partidos y el Presidente destacó ayer, en una ceremonia castrense, el papel que desempeñan los militares en la preservación de la democracia y el respeto a la Constitución.
En la misma ceremonia, el almirante Aranda exhortó a los militares a practicar los valores de la disciplina, la lealtad y el respeto y los alertó contra 'cualquier interés particular que pretenda afectar desfavorablemente a nuestra institución', sin precisiones.
Un plan militar para ejecutar un golpe fascista, cuyo primer objetivo es descabezar el movimiento popular boliviano, al costo de unos 400 muertos, denunció hoy el líder izquierdista Evo Morales, quien auguró la derrota del proyecto.
El jefe del Movimiento al Socialismo (MAS) precisó en esos términos los alcances de la conspiración golpista que denunció como amenaza a la democracia y a la administración del Presidente Carlos Mesa.
Apuntó que el plan no es nuevo y que fue gestado en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada -obligado a renunciar el pasado 17 de octubre por una gran protesta ciudadana-, por el entonces ministro de Defensa, Carlos Sánchez.
Según el dirigente izquierdista, los golpistas tienen una lista de unos 400 dirigentes populares a quienes se proponen liquidar, entre ellos el propio Morales, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Jaime Solares, y otros líderes sociales.
Morales subrayó que el objetivo del plan golpista es descabezar al movimiento social para desarticularlo y privarlo de la fuerza demostrada en las protestas de octubre, reprimidas por los militares al costo de más de 80 muertos, según cifra no oficial.
Indicó que el plan está a cargo de militares de alta graduación identificados con el fenecido régimen de Sánchez de Lozada, elementos corruptos y fascistas beneficiarios de grandes sobornos pagados por esa administración a los uniformados para asegurar su lealtad ante las manifestaciones populares de descontento.
El jefe del MAS aseguró también que los golpistas serán derrotados por las propias bases militares y no podrán establecer la dictadura que pretenden, pero intentarán antes, en los dos o tres días que podría durar su intentona, descabezar al movimiento popular.
Dijo que en las Fuerzas Armadas hay una fuerte presencia de militares patriotas y demócratas, quienes lo pusieron al tanto de los planes golpistas de oficiales fascistas de alta graduación, con supremacía en los niveles de generales y coroneles.
Señaló que los uniformados patriotas son amplia mayoría en los niveles de suboficiales y sargentos, y que en la oficialidad joven priman también esas posiciones o cuestionamientos a la corrupción en los cuarteles.
La denuncia de Morales fue precedida el fin de semana último por declaraciones del jefe de las Fuerzas Armadas, almirante Luis Aranda, quien descartó totalmente un golpe militar, luego de que el presidente del Senado pronosticó un cuartelazo y una dictadura represiva si continúan la radicalización social y las presiones a la administración Mesa.
El peligro golpista fue desestimado por la mayoría de los partidos y el Presidente destacó ayer, en una ceremonia castrense, el papel que desempeñan los militares en la preservación de la democracia y el respeto a la Constitución.
En la misma ceremonia, el almirante Aranda exhortó a los militares a practicar los valores de la disciplina, la lealtad y el respeto y los alertó contra 'cualquier interés particular que pretenda afectar desfavorablemente a nuestra institución', sin precisiones.
Cerca de mil intelectuales de izquierda de todo el mundo han firmado un manifiesto contra la posible expulsión de cuatro diputados del Partido de los Trabajadores (PT), del presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva. El manifiesto señala que "nos parece muy grave que la dirección del PT esté estudiando el castigo drástico contra los que continúan defendiendo las políticas tradicionales del PT". Afirma que la expulsión de los diputados, "que no tienen una postura insurreccional", sugería que el PT "ha perdido su orgullosa tradición de democracia, de pluralismo y de tolerancia".
Los amenazados se opusieron al polémico proyecto del gobierno para modificar el régimen de jubilaciones.
Cerca de mil intelectuales de izquierda de todo el mundo han firmado un manifiesto contra la posible expulsión de cuatro diputados del Partido de los Trabajadores (PT), del presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva.
Los miembros del PT Heloísa Helena, Luciana Genro, Joao Batista de Araujo y Joao Fontes, se opusieron al polémico proyecto que el gobierno envió a consideración del Congreso para modificar el régimen de jubilaciones.
En el manifiesto, intelectuales, periodistas, líderes sindicales y conocidos dirigentes de izquierda de varios países afirman que los parlamentarios divergentes apenas están defendiendo las viejas banderas del PT y no merecen ser expulsados, informó EFE.
El lingüista y politólogo estadounidense Noam Chomsky, encabeza el manifiesto, que también cuenta con la firma del cineasta inglés Ken Loach.
Los inconformes del PT, conocidos como "radicales", alegan que la organización, antes de llegar al poder, siempre se opuso a los proyectos que restringían las conquistas de los trabajadores, como el que ahora modifica las jubilaciones.
Critican además el rumbo derechista del gobierno, la alianza de Lula con fuerzas conservadoras, la decisión de firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la lentitud de las reformas sociales prometidas y la política económica, que consideran una continuidad de la del ex presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002).
La dirección nacional del PT, de la que Lula forma parte, programó para el 13 de diciembre una reunión en la que decidirá la suerte de los diputados díscolos. El presidente de la formación, José Genoino, defiende la expulsión inmediata.
"Nos parece muy grave que los dirigentes del PT pretendan castigar drásticamente a aquellos que continúan luchando por las políticas tradicionales del partido", dice el manifiesto de los intelectuales.
"Eso sugiere que el partido desistió de su orgullosa tradición de democracia, pluralismo y tolerancia", agrega.
El documento recuerda que la victoria electoral de Lula "alegró a millones de personas de todo el mundo que se oponen al modelo neoliberal", pero advierte que el gobierno ha adoptado medidas que antes condenaba.
Los firmantes piden que Lula recuerde los compromisos que asumió al participar en las tres ediciones del Foro Social Mundial, realizadas en la ciudad brasileña de Porto Alegre, y que congregaron a miles de activistas contra la globalización y el neoliberalismo.
Miembros del PT han organizado una serie de actos para pedir a Lula que impida la expulsión de los inconformes.
Los diputados amenazados de expulsión y otros ocho que se abstuvieron de votar la reforma al régimen de jubilaciones de Lula representan cerca del 12 por ciento de los 93 escaños que tiene el PT en la Cámara Baja, en donde es la primera minoría.
LA EXPULSIÓN DE CUATRO DIPUTADOS DEL PT ENCIENDE BRASILIA
Brasilia está al rojo vivo. El apoyo de Lula a la expulsión de diputados del PT ,opuestos a la reforma de la Seguridad Social, ha abierto un vivo debate dentro y fuera de Brasil.
La subida al poder del PT fue una impulso de aire nuevo en las salas del Gobierno. Las nuevas propuestas de Lula parecían llevar a Brasil hacía el camino indicado para salir de la crisis en la que vivía. De esta forma, el manifiesto continua diciendo que "nos parece muy grave que la dirección del PT esté estudiando el castigo drástico contra los que continúan defendiendo las políticas tradicionales del PT". Con frases como esta, el comunicado pretende dejar clara su postura ante el posicionamiento del PT contra los cuatro diputados. Afirma que la expulsión de los diputados, "que no tienen una postura insurreccional", sugería que el PT ha perdido su orgullosa tradición de democracia, de pluralismo y de tolerancia".
Las primeras manifestaciones sobre el comunicado no se han hecho esperar. El presidente del PT, Jose Genoino, dejó claro que la opinión de los intelectuales del Foro de Porto Alegre carece de valor real y que "ningún manifiesto valdrá para evitar la expulsión de los diputados".
GUATEMALA, 6 de diciembre (PL). Guatemala es uno de los países con mayores desigualdades sociales en América y el tercero más pobre, sólo superado por Bolivia y Haití, según un informe del Banco Mundial (BM) difundido hoy en esta capital.
El reporte anual sobre pobreza del BM refiere que en esta nación es donde se paga menos impuestos y cuenta con políticas públicas que no están orientadas hacia los más necesitados.
"Guatemala no es el que menos ingresos promedio tiene en la región, pero sí en el que más incide la pobreza", señaló Manuel Salazar, gerente de fondos sociales de la entidad crediticia, al agregar que aunque está distribuida en todo el país, es mucho más rigurosa en el área rural.
De los cinco millones de guatemaltecos pobres, el 80 por ciento vive en el campo, y de los dos millones paupérrimos, el 90 por ciento habita fuera de áreas urbanas.
Según el informe, ocho de cada 10 personas reciben su sustento de la agricultura, que es el sector con el ingreso menos dinámico del país.
Dicha complicación productiva tiene como contraparte el peor índice de desnutrición crónica de la región, algo similar a lo que ocurre en salud, con la agravante de que el gasto público de esa materia no está dirigido hacia los más necesitados.
El país está en un nivel medio al medir su producción total y los ingresos promedios, pero al observar otros indicadores y la profundidad de la pobreza, alcanza lugares alarmantes, como el hecho de que el 56,2 por ciento (6,4 millones de personas) es pobre y el 15,7 (1,8 millones) vive en la pobreza extrema.
Además, el 68 por ciento de los niños de cero a seis años es pobre y de los hogares en esa situación, el 14 por ciento lo encabezan mujeres y el 86 por ciento hombres.
De los indígenas, que representan el 44 por ciento de la población, el 58 por ciento es pobre y el 72 paupérrimos, agregó el análisis del BM.
La educación primaria presentó avances con el Programa Nacional de Autogestión Educativa (PRONADE), que otorga la administración de las escuelas a los padres de familia en comunidades a donde no llega el ministerio del ramo.
Guatemala invierte actualmente cuatro mil 162 millones de quetzales (520,2 millones de dólares) en superar el nivel de pobreza, cuando para ello, según el Banco Mundial, se requieren 11 mil 121 millones de quetzales (mil 390 millones de dólares).
Como receta para superar el actual panorama, la entidad bancaria recomendó un crecimiento económico sostenido y mayor inversión pública en capital social, como educación y salud, lo que permitirá a las personas afectadas tener herramientas no solo para salir de la pobreza, sino para dejar de ser vulnerables.
Incrementar la transparencia y la responsabilidad en el gasto público, crear condiciones de igualdad de oportunidades a indígenas y a las personas que viven en las áreas rurales, dinamizar los activos de capital económico y tener un programa de protección social, son algunas de las sugerencias para revertir la situación.
En otro paso hacia la construcción de una justicia penal universal, el Tribunal Internacional de Opinión sobre los crímenes cometidos en la jurisdicción de los municipios de Bolívar, Colombia, juzgó "plenamente acreditada la culpabilidad del Gobierno de la República de Colombia" en los hechos constitutivos de "crímenes de lesa humanidad, genocidio y terrorismo de Estado".
Reunido a fines de noviembre en Paris, el Tribunal se constituyó por la denuncia presentada por diversas organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos y populares, entre ellas la Federación Agrominera del Sur de Bolívar y La Mesa Regional del Magdalena Medio.
Las sesiones, llevadas a cabo con rigor procesal, tuvieron por Fiscal al jurista argentino español Carlos Slepoy, quien ejerce como "Abogado de la Acusación Popular" en Madrid y participa en la acusación contra militares argentinos y chilenos, que lleva a cabo el juez Baltasar Garzón, entre otros. Slepoy, quien sufrió en carne propia las carceles de la dictadura argentina, es parte de la acusación contra los militares represores argentinos Adolfo Scilingo y Ricardo Cavallo, quienes serán juzgados el próximo año en España, por genocidio y terrorismo.
El Tribunal notificó su constitución por correo certificado a las autoridades colombianas en París, pidiéndoles designar una representación para que fungiera como defensa. Al no recibir respuesta, designó un Defensor de Oficio conforme al reglamento del propio Tribunal, Defensa que recayó en la periodista-jurista Denise Méndez.
El Tribunal estuvo constituido por los presidentes Sophie ThononWesfreid, abogada ante la Corte de Apelación de París; François Houtart, Director del Centre Tricontinental (CETRI), en Lovaina, Bélgica; y los jueces, Luis Javier Garrido, Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México; Heinz Dieterich, Profesor de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Autónoma Metropolitana, de México, y el jurista Javier Otaola, síndico- defensor del pueblo de Gasteiz, País Vasco.
Para juzgar los crímenes cometidos a partir del 1º de enero de 1995 hasta el 31 de diciembre de 2002 inclusive, en los municipios de Bolívar, el Tribunal fundó su decisión en los siguientes cuerpos jurídicos: la Constitución Política de la República de Colombia, 1991; los Estatutos del Tribunal Internacional Militar de Nüremberg, 1945; la Carta de las Naciones Unidas, 1945; la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948; el Estatuto de la Corte Penal Internacional, 1998 y el Código Penal Colombiano, 2001.
Los jueces estudiaron seis casos de asesinato, tortura, masacre, desaparición forzada, persecución y exterminio; escucharon los informes de los expertos amicus curie (amigo de la Corte): el investigador social irlandés, Gearoid O´Loinsigh, el abogado y líder del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional Minera, Francisco Ramírez, y del Padre Javier Giraldo, S.J., defensor de Derechos Humanos y representante de la Comisión Interecclesial de Justicia y Paz, ambos de Colombia.
El Tribunal presenció también los testimonios de cuatro testigos directos e indirectos; el testimonio audiovisual de un ex militar, quien fue asesinado y la evidencia documental de más de 209 casos de violaciones ocurridas en esta región y en este período de tiempo, y así pudo comprobar múltiples matanzas colectivas, homicidios, detenciones y desapariciones, torturas, amenazas, extorsiones, lesiones, privación de la libertad, destrucción de cultivos y desplazamientos forzosos, delitos contra la salud por la utilización de productos químicos y actos de barbarie cumplidos como ejecución de un plan generalizado y sistemático contra la población civil.
A través de tales testimonios, peritajes y evidencias documentales, el Tribunal consideró debidamente acreditadas las denuncias presentadas y calificó los hechos como constitutivos de crímenes de lesa humanidad, genocidio y terrorismo de Estado.
Muchos de estos crímenes tienen un origen de carácter económico, expresado, por un lado, en los intereses de las empresas transnacionales por apoderarse de los grandes yacimientos auríferos de la zona, pero también por implementarse un proyecto económico que sólo considera los intereses de las corporaciones transnacionales de Canadá, Estados Unidos y Europa (Inglaterra y España), que operan en la zona y explotan sus recursos naturales, como el gas, el carbón, el oro, las esmeraldas, el agua, las tierras cultivables y, en general, toda la biodiversidad de la región.
Últimamente esa política se desarrolla en el marco del llamado Plan Colombia, diseñado para cambiar de manera definitiva el modelo agrícola del país y facilitar la entrada del capital extranjero. Por eso, el Gobierno de la República de Colombia instaura en los últimos años, por lo menos desde 1995, una política de terrorismo de Estado que perpetró homicidios, desapariciones forzadas, torturas, amenazas, destrucción de cultivos y traslados forzosos, así como delitos contra la salud por la utilización criminal premeditada de productos químicos en la fumigación de las tierras.
Esta política se efectúa a través de las Fuerzas Armadas de la República de Colombia, la Policía, y las fuerzas paramilitares auspiciadas y organizadas por el Estado, actuando en el marco de una fuerte connivencia entre ellas, y bajo la impunidad absoluta concedida por el sistema jurídico del país, que no investiga los crímenes cometidos.
El Tribunal encontró elementos preocupantes que podrían también acreditar la responsabilidad criminal en la comisión de estos crímenes, de los representantes de diversas agencias civiles y militares del gobierno de los Estados Unidos de América, así como de varios gobiernos europeos.
Ante la manifiesta imposibilidad de ejercer la función jurídica pública dentro del país, con un fiscal general y un comandante en jefe del ejército, que son parte de la criminal política de terrorismo e impunidad del Estado, el Tribunal alentó a llevar los hechos denunciados ante tribunales nacionales y/o internacionales para que los responsables sean sancionados.
La actual política de desmovilización de paramilitares, iniciada por el gobierno del presidente Alvaro Uribe, prevé obviamente la posibilidad de que más temprano que tarde, los responsables del genocidio contra la población civil se encontrarán ante instancias de la justicia universal, como hoy es el caso de los represores Scilingo y Cavallo.
Sin embargo, la desmovilización, calificada por la organización de derechos humanos, Human Rights Watch, como "parodia" y "espectáculo de impunidad", no protegerá a Uribe y sus subalternos de la justicia internacional.
Deben tener en mente que el caso Pinochet no se repetirá. No encontrarán un político como Tony Blair, que les salvará de su merecido castigo.
La tregua que el movimiento obrero y popular concedió hace un mes y medio al nuevo presidente de Bolivia, Carlos Mesa, está comenzando a agotarse. Las demandas laborales, que van desde el aumento general de sueldos y salarios hasta la renacionalización del gas y el petróleo, pasando por la supresión del neoliberalismo y de sus letales consecuencias en los segmentos mayoritarios de la población, aún no han recibido respuesta oficial desde Palacio, aunque todas las señales muestran que no habrá nada positivo, por lo que la paciencia de los sectores sociales también comienza a diluirse.
"El gobierno tiene ya los días contados a partir del 1ro de diciembre y creo que esto empieza a estallar desde el 1ro de enero porque no podemos estar esperando por más tiempo. Ojalá el gobierno pudiera atender en forma positiva el planteamiento de los trabajadores", dijo el principal dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), el minero Jaime Solares.
El pliego de la COB, presentado el pasado 12 de noviembre, contiene demandas de orden estructural cuya atención significaría dejar atrás la economía de mercado, romper lanzas con los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, poner coto a los abusos y excesos de las transnacionales y retomar a fondo el rol productivo del Estado. En lo coyuntural, el pliego demanda mejorar de inmediato las condiciones de vida y de trabajo de la población trabajadora.
En lo formal, la respuesta gubernamental se hace esperar. "La COB no recibió hasta ahora respuesta alguna del gobierno sobre el particular, y sólo extraoficialmente se conoce que esta semana se podría tener un encuentro con el Ejecutivo. Hasta la fecha, el gobierno no ha dado a conocer medidas positivas sobre el cambio que la población ha pedido. En este caso, la COB le pide al gobierno que se defina si estamos con el continuismo o finalmente va a haber cambios radicales", dijo Solares, quien hasta ahora se había mostrado muy conciliador con el nuevo presidente, posesionado en el cargo el 17 de octubre tras que el neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada fuera derribado por una rebelión popular.
Mesa, sin embargo, anticipó el fin de semana un virtual rechazo a las demandas laborales al sostener que la "lógica de los pliegos petitorios era suicida y peligrosa para el país", convocando a las organizaciones sociales y laborales a supeditar sus demandas a las realidad económica del país, signada por la quiebra fiscal, la semiparálisis productiva y el alza del desempleo.
Aunque no lo explicitaron directamente, las recientes declaraciones del propio presidente y de sus ministros llevan al convencimiento de que el nuevo gobierno boliviano está muy lejos de satisfacer el pliego de la COB, tanto en lo estructural como en lo coyuntural.
Por el contrario, en lo estructural Mesa y sus ministros ratificaron ante el FMI y los organismos internacionales su adhesión a la economía de mercado, al neoliberalismo y su respeto a las transnacionales y a la inversión extranjera, anticipando que cualquier modificación al sistema de regalías y tributario que graven a las petroleras extranjeras se haría sólo si hay un acuerdo entre partes. También quedó ratificada la posición ultraliberal mantenida en la Organización Mundial del Comercio, al igual que su adhesión al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y a la política de erradicación total de la coca. Una política casi idéntica a la asumida por el ex presidente Sánchez de Lozada, y que es casi imposible de conciliar con las demandas laborales de renacionalización del gas y el petróleo, con el rechazo al ALCA y con el clamor popular por sepultar el neoliberalismo.
En lo coyuntural, las señales tampoco son alentadoras para la COB. Por boca del presidente Mesa se conoció sobre la insolvencia fiscal del Estado boliviano y su nula disposición para elevar salarios. Los ministros del área económica anticiparon que se podría determinar un congelamiento del salario real en el sector público, al disponer un aumento en la masa salarial del 3% para cubrir en ese mismo porcentaje el aumento de la inflación. En el sector privado, se aplicaría esta misma política salarial, como ha venido ocurriendo en los últimos años.
Así, en el mejor de los casos, los trabajadores del sector público y privado del país estarían durante el 2004 igual de mal que en el 2003 en materia salarial, muy lejos de lo que demanda la COB que plantea que por lo menos se duplique el salario mínimo nacional.
La exigencia salarial de la COB es toda una locura, según el ministro Xavier Nogales de Desarrollo Económico que planea, por el contrario, no solo congelar salarios sino también anular totalmente la subvención a la gasolina y parcialmente al gas licuado doméstico desde principios del nuevo año para cerrar la creciente brecha fiscal, aunque a costa de elevar el precio de estos carburantes, lo que incidiría de inmediato en el alza de las tarifas del transporte, de los precios de los alimentos y mercancías y del costo de vida.
Nogales, que pugna por imponer esta posición al interior del gabinete de Mesa, advirtió incluso que habría escasez de carburantes si no se anulaban las subvenciones, lo que sin embargo fue desmentido por sus colegas de Hidrocarburos y de otros Ministerios, asustados ante las previsibles consecuencias de esta política de congelar salarios y elevar los costos de la canasta familiar.
"Si tocan los precios de la gasolina y del gas licuado habrá una convulsión social y otra revolución", dice uno de los viceministros del área petrolera. "Éste (Nogales) quiere que el presidente se caiga", agrega otro del área social, que intenta junto a sus colegas hacer frente a los ministros del área económica, a los que creen excesivamente sumisos y dóciles al FMI. Afuera, en la calle, medio en serio, medio en broma, un universitario dice que el nuevo sobrenombre del presidente Mesa es Carnaval, porque no se sabe si cae en febrero o si cae en marzo.
Rubén Dri
Andrés Soliz
Argenpress/Rebelión
solidaridad.net
GUATEMALA, 6 de diciembre (PL). Guatemala es uno de los países con mayores desigualdades sociales en América y el tercero más pobre, sólo superado por Bolivia y Haití, según un informe del Banco Mundial (BM) difundido hoy en esta capital.
Heinz Dieterich
Econoticiasbolivia.com